The Public Broker is a specialized federal notary with a mixed training, i.e. an expert in Mercantile Law and in economic-financial aspects, according to the mercantile nature of the acts in which he intervenes.

The Public Broker, when acting as Public Notary, issue notary certificates and deeds which are public instruments that have full validity as evidence according to current laws.

As part of the legal security provided by the Public Broker, he has the obligation to keep his public instruments and for this purpose, every day and according to date and under progressive numeration, he must form a file of the notarial certificates and notarial deeds in which he intervene and using the same order, the extracts generated from this documents are entered in the special books kept for such purpose which provide the users with the most absolute legal security.

The Public Broker, when authenticating mercantile acts, has the following characteristics:

1. He provides the legal certainty of a certain date on which a legal business or transaction takes place.
2. He has the obligation to check the identity and legal capacity of the parties involved in the legal business or transaction as well as orienting them and explaining the legal consequences of the acts in which they are involved to such parties.
3. He is responsible for his intervention in a legal act or fact, whose purpose is physically or legally impossible or contrary to law or good practices.
4. He produces a public document which is presumed to be valid in court and in some cases is a title deed.
5. By being a public document, it is a public instrument which can be entered in the Mexican Public Registry and allows the defense of the legal business or transaction contained therein against others.

The current functions of the Public Broker (mediating or brokerage agent, expert appraiser, legal advisor, arbitration and specialized federal public notary) convert it into a key instrument for the strengthening of the Mexican economy, as a useful and practical legal concept that allows the speeding-up of trade and aids the traders and businessmen, providing them with legal security in their operations and transactions, both quickly and as cheaply as possible.

Como perito valuador estima, cuantifica y valora los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se someten a su consideración, por nombramiento privado o por mandato de autoridad competente.

El Corredor Público está legalmente facultado para valuar dentro y fuera de procedimientos judiciales, entre otros los siguientes bienes y servicios:

1. - Bienes corpóreos como son: joyas y objetos de arte.
2. - Las empresas en su totalidad para fines de alianzas estratégicas vía fusiones, adquisiciones, asociaciones, coinversiones, etc.
3. - Activos tangibles:

   a).- bienes inmuebles: como son terrenos y construcciones: casa-habitación, bodegas, naves industriales, instalaciones especiales, etc.
   b).-bienes muebles: como son acciones, partes sociales, maquinaria y equipo industrial, comercial y de servicios y sus accesorios, automóviles, aviones, embarcaciones, etc.
   

4. - Activos intangibles: como son derechos de autor, regalías, marcas registradas, nombres comerciales, autorizaciones de uso, avisos comerciales y derechos de origen, franquicias, crédito mercantil, derechos de crédito, cuantificación de daños y perjuicios en materia judicial, etc.

Los avalúos efectuados por Corredor Público tienen validez legal de prueba plena en materia mercantil y fiscal.

El Corredor Público como perito valuador es un profesional conocedor del mercado, de las prácticas y usos mercantiles. Sus conocimientos son suficientes para que en materia de valuación pueda estimar, calificar, apreciar o evaluar lo que se someta a su juicio dado su carácter de intermediario calificado, responsable e imparcial.

El Corredor Público al ser justipreciador de aquellos bienes, servicios, derechos y obligaciones emite dictámenes. Dependiendo del tipo de dictamen a elaborar o de los fines o propósitos para los que sea practicado, todo avalúo requiere necesariamente de la elección experta de un método de valuación, el cual debe ajustarse a las técnicas que en la práctica valuatoria se consideran aceptables, lo que ofrece una gran confiabilidad e imparcialidad en los mismos y es precisamente lo que justifica y avala la actuación del Corredor Público como perito valuador y al propio tiempo fundamenta los dictámenes emitidos por el mismo.

Como árbitro actúa a solicitud de las partes, en la solución de controversias derivadas de actos, contratos o convenios mercantiles de naturaleza nacional e internacional, así como las que resulten entre proveedores y consumidores de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Actualmente el Instituto Nacional del Derecho de Autor y la Procuraduría Federal del Consumidor tienen dentro las listas de árbitros independientes a Corredores Públicos interesados en actuar como árbitros.

El arbitraje es un mecanismo para resolver controversias mediante el acuerdo voluntario de las partes en conflicto en lugar de recurrir a la vía judicial, lo que generalmente implica un procedimiento largo, complicado y costoso.

En el arbitraje al igual que en un procedimiento judicial se formula un juicio sobre la aplicación de la norma jurídica a la situación concreta que se resuelve. El Corredor Público al actuar como árbitro emite laudos arbítrales.

El Corredor Público al ser agente mediador entre comerciantes para concertar operaciones de comercio, proporcionarles instrumentos necesarios para el mismo fin, como es el avalúo de bienes y servicios y de empresas o el de dar fe en las operaciones de comercio, es un profesional experto en diferentes aspectos económicos- financieros y del comercio, de las prácticas y usos mercantiles y perito en derecho que le otorga las calificaciones necesarias para ser un buen árbitro.

Como asesor jurídico proporciona asesoría jurídica a toda clase de sociedades mercantiles, empresas y personas físicas con actividades empresariales.

El Corredor Público es un asesor confiable e imparcial, con alta preparación jurídica que ejerce un control de legalidad sobre los negocios jurídicos.

Como agente mediador actúa para transmitir e intercambiar propuestas entre dos o más partes, respecto de cualquier bien o servicio que se ofrezca en el mercado nacional e internacional y asesora en la celebración o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mercantil.

El Corredor Público brinda seguridad, confianza, eficiencia y dinamismo a sus intervenciones, por ser un técnico calificado del mercado, no es un simple intermediario, sino un mediador experto, honrado e imparcial que pone en contacto y ajusta la contratación mercantil en general, ya se trate de bienes o servicios. El Corredor Público como agente mediador tiene la obligación de proponer los negocios con exactitud, claridad y precisión guardando el secreto profesional de no revelar, mientras no concluya la transacción mercantil, los nombres de los contratantes ni los datos o informes sobre la operación, a menos que lo exija la ley, la naturaleza de la operación o medie el consentimiento de las partes.